También está la denominada eutanasia eugenésica, que puede tener un objetivo de salud social o una finalidad económica, y con la que se persigue la eliminación de seres "peligrosos" para la sociedad o que constituyen una carga económica para ésta. Esta última forma de eutanasia, desde luego, no entra en el debate social de la eutanasia por ser una actuación execrable y que, sin duda alguna, atenta contra los derechos humanos, la base común más universal de cualquier reivindicación ética.

El principal punto de discusión en cuanto al concepto es que, para algunos, el concepto de eutanasia implica que haya una solicitud expresa del paciente para terminar con su vida, ya sea desde su plena capacidad jurídica o, en su defecto, a través de un testamento vital, y en el resto de casos no sería eutanasia en sentido estricto sino que se entraría en el terreno de la decisión médica; para otros, en cambio, eutanasia no es sinónimo de suicidio asistido sino que se encuadraría tan sólo dentro de las clasificaciones de activa indirecta y pasiva.

Los defensores del derecho a la eutanasia lo inscriben dentro del derecho a que se cumpla la voluntad del enfermo.

La idea de los derechos del enfermo es relativamente reciente, aparece en Estados Unidos en los años setenta, y está relacionada con los asombrosos avances de la medicina, que combinados con importantes cambios sociales han permitido el acceso generalizado de las poblaciones de los países desarrollados a la atención sanitaria. Esto ha consolidado un cambio significativo en la forma de morir. En la actualidad, un 60% de las personas fallece en centros hospitalarios y un 10% en geriátricos. Este incremento en la medicalización de la muerte hace que el término "muerte natural" quede restringido a muy pocas situaciones si se compara con épocas anteriores, ya que un gran número de muertes es debido a alguna decisión terapéutica. Es decir, en el proceso de una enfermedad se toman decisiones que afectan también al momento de morir, y, por tanto, ha aparecido una preocupación al entorno de estas decisiones no sólo entre los usuarios de la sanidad sino también entre los profesionales de la salud, juristas, filósofos y antropólogos.

Ahora se cuestiona qué sentido deben tener estas decisiones, qué límites se deben respetar y, sobre todo, quién debe tomarlas. Y, si bien hay un amplio consenso en cuanto al reconocimiento del derecho del paciente a participar y decidir sobre su tratamiento sobre la base de una información coherente (el consentimiento informado) en lo que se refiere a las decisiones que atañen al morir, el debate todavía está candente. Y es un debate presente en la mayoría de los países occidentales.

En España alcanzó repercusión nacional a raíz del caso del tetrapléjico gallego Ramón Sampedro en 1998, pero las propuestas de cambio legislativo se han continuado desde entonces. La más reciente ha tenido lugar en Cataluña, donde el pasado 26 de abril se votó en el Parlamento catalán una proposición planteada por el partido Esquerra Republicana de Catalunya para trasladar al Congreso una petición de despenalización de la eutanasia. El resultado final, al que se llegó en una segunda ronda de votaciones dado que en la primera se obtuvo un empate, fue de 66 votos a favor y 68 en contra, una situación prácticamente idéntica a la de dos años atrás en la que una iniciativa similar de despenalización fue rechazada por dos votos de diferencia. Iniciativa per Catalunya, tras conocer el resultado de la votación, llevó a la Mesa del Parlament otra propuesta por lo que se deberá volver a debatir la solicitud de despenalización al Congreso. A la luz de estos hechos, el debate sigue abierto. - Gemma López es licenciada en bioquímica

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