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Gobierno y vacas locas, ¿comunicación de crisis
o pifia de comunicación?

Primera reflexión: la pérdida de credibilidad política

Nadie puede poner en duda de que el caso de las vacas locas es una de las crisis más anunciadas de la historia de la humanidad, por lo menos para las poblaciones, países y sus respectivos gobiernos que tuvieron suficiente tiempo para conocer, valorar y analizar lo que iba sucediendo en Europa a partir del estallido del enorme conflicto que comenzó en Gran Bretaña, en el ya lejano año 1986 (!).

Sin embargo, parece como si el problema nos haya explotado inadvertidamente en la cara, cogido por sorpresa o que posiblemente algunos debían pensar que todo ese lío no iba con nosotros. Sólo así cabe entender lo que está pasando en nuestro país. Y no nos referimos al gravísimo problema científico, social y económico planteado –al que por otro lado no se le ve un fin y al que confiamos no haya que añadir también el aspecto sanitario–, sino a la incomprensible falta de preparación que nuestro Gobierno ha demostrado para afrontar adecuadamente la crisis desde el punto de vista comunicativo y educativo para la población. Cualquier manual, por primario que sea, de comunicación de crisis advierte de la necesidad de abordar activa y no pasivamente un conflicto como el que comentamos, preparar a priori a la población para lo que va a venir y sobre todo establecer un portavoz único –si puede ser con credibilidad adquirida previamente– para ser, llegado el caso, el intermediario adecuado entre Gobierno y sociedad.

Aquí hemos asistido a una de las mayores pifias de la historia de la comunicación con ministros en continua contradicción, sin una preparación previa de un adecuado discurso dirigido a tranquilizar a la población y con alguna mente pensante que se ha dado cuenta de que la mejor solución era, cuando el caos ya era total, que otro ministro fuese el que sacara las castañas del fuego (¡del incendio!) a todo un desacreditado Gobierno, naturalmente hasta que cometa otra pifia, luego: “Dios proveerá”. La incompetencia ha sido rotundamente total en todos los sentidos, pero ha llegado a niveles clamorosos en lo que a política educativa y comunicativa se refiere.

El Gobierno de España sólo ha tenido 10 años (!) para darse cuenta de que el problema también nos iba afectar algún día, ya que en 1990 se produjo el primer caso de vaca loca en Portugal. Claro que actuando así, nuestro Gobierno a lo mejor pensaba que seguía correctamente las directrices de la Comisión Europea que en 1990 decidió minimizar el caso de las vacas locas y practicar la desinformación, según un informe dado a conocer por El País el 24 de enero pasado.

El desastre –nos referimos a la actuación del Gobierno de Aznar, no a las consecuencias que el problema tiene para la ganadería, para la economía y para la sociedad española– es de tal calibre que sólo lo supera la propia posición de la entonces ministra Loyola de Palacios que también se dedicó a practicar el juego del avestruz y se opuso en 1996 a un plan de choque contra las vacas locas porque era “una medida discriminatoria hacia países como España, donde nunca se han dado casos de este tipo de enfermedad”. ¡Increíble, pero cierto! Luego vendría todo eso de “las carnes de ganga y los huesos del caldo” con los que la actual ministra de Sanidad, Celia Villalobos, ha demostrado grandes dotes de...carnicera (¡con perdón para las sufridas, ahora más que nunca, carniceras!).

Segunda reflexión: la pérdida de credibilidad científica

Pero la grave crisis europea relacionada con las vacas locas, como en otros casos menores como los de los pollos contaminados por dioxinas y la crisis también belga de la coca-cola, entre otros, ponen en evidencia que faltan controles en los circuitos de fabricación y de distribución de lo que consumimos y también de la falta de capacidad de gestión a escala internacional, y en muchos casos también nacional, de las crisis provocadas por la falta de calidad de determinados alimentos comercializados. Es evidente que hay que profundizar políticamente en materia de seguridad alimentaria a todos los niveles. Pero este no es el objetivo de esta segunda parte de nuestra reflexión.

Hay otro aspecto que nos ha de preocupar: la ausencia de una respuesta científica que permita al consumidor tener una referencia creíble sobre lo que está ocurriendo. Durante la crisis del chickengate, el entonces secretario de Estado francés de Salud y Acción social, Bernard Kouchner, no se mordió la lengua al afirmar contundentemente que "hay que tener el coraje de reconocer que Europa no asegura la vigilancia científica, ni dispone de una política de sanidad pública, de prevención, de un análisis prospectivo de los riesgos y de confrontación de expertos". En la misma entrevista, publicada por Le Monde el 10 de junio de 1999, este médico y político francés de estirpe poco habitual –luego comisionado en Kosovo– propuso la rápida creación de una Agencia Europea de Seguridad Sanitaria que, con criterios expertos, pudiera afrontar problemas como los planteados, pero además dictaminar con metodología científica sobre otros motivos de preocupación que están planteados, como son los antibióticos que se incorporan a la alimentación animal, la utilización de hormonas anabolizantes en los bovinos y la difusión de organismos modificados genéticamente.

Es esencial aplicar criterios políticos de gestión basados en la autoridad de las ciencias que permitan que la ciudadanía recobre la confianza hoy muy debilitada, y que acaba generalizándose a muchos otros aspectos de la vida cotidiana, no sólo en el campo del consumo alimentario. Pero tan importante como esto es que el mundo experto, las voces científicas, reencuentren su autoridad perdida.

Uno de los objetivos básicos del Informe Quiral  (análisis de las noticias médicas y sanitarias en los principales medios de comunicación españoles) que elaboramos anualmente en el Observatorio de la Comunicación Científica y Médica de la Universidad Pompeu Fabra, gracias a la financiación de la Fundación Vila Casas, es exteriorizar la preocupación por la mixtificación del conocimiento e incluso desinformación que padecemos en temas tan importantes como el que tratamos.

Estamos lamentablemente acostumbrados a que, sin diferenciación alguna, los talk shows televisivos y tertulias radiofónicas mezclen conceptos con base científica con otros (mayoritarios) que son meras especulaciones paracientíficas, utilicen voces de dudosa condición experta y viertan al caudal de la continua formación cultural del público aseveraciones cuyas consecuencias últimas –insistimos– son una mayor desinformación y no una mejor información de los ciudadanos.

Científicos y ciencias han perdido en los últimos tiempos buena parte de su autoridad social hundidos en este marasmo comunicacional indiferenciado en el que estamos sumidos todos. En parte, es muy posible que sea por culpa suya... Pero esta disminución de la autoridad científica también es atribuible claramente a la falta de voluntad política, tanto de los gobiernos nacionales como a la del ejecutivo de la Unión Europea. Quizá deberíamos tomar ejemplo de la existencia de instituciones como la FDA (Food and Drug Administration) o la EPA (Environmental Protection Agency) de Estados Unidos que constituyen voces de referencia (aunque no sean del todo indiscutibles) para afrontar con ciertas garantías problemas como los que suscitan este comentario.

El mundo político debería incentivar la proliferación de organismos –parece que finalmente hay voluntad para promoverlos, pero ya veremos cuáles son sus capacidades reales– que merezcan la credibilidad de la ciudadanía, por su independencia y por su criterio científico, para poder seguir afrontando los retos que se nos plantean cada vez con mayor virulencia por muchas razones, desde la rápida introducción de nuevas tecnologías hasta los muchos intereses de toda índole que confluyen en un modelo de sociedad basado cada vez más en la espiral del consumo. Parece que la acción política tenga en realidad miedo de que existan fuentes independientes con autoridad, aunque a la larga esta actitud acabe convirtiéndose en una pesada piedra en el propio tejado porque serán los organismos políticos los que pierdan su credibilidad.

Pero al mismo tiempo, el mundo científico debería reflexionar seriamente sobre su pérdida de autoridad, que puede llegar a tener consecuencias nefastas para su propia evolución. Ya que una sociedad en la que disminuya la confianza en la autoridad científica será una sociedad que cada vez estimará menos rentable invertir en ciencia y difícilmente apoyará acciones en este sentido desde el erario público, hasta el punto de que el mundo político también puede llegar a creer que hay otras opciones más rentables. Hay síntomas de que algo está ocurriendo en este sentido y sería fatal dejar que se avanzara en esta gran equivocación.

Curiosamente, científicos y mediadores de la información –no sólo el mundo político, como ya es tradicional desde hace un tiempo– caminamos de la mano por el sendero descendente de la pérdida de la credibilidad y de la autoridad. Quizá deberíamos reflexionar conjuntamente para reaccionar. Decía también Kouchner: "Nos hace falta mucha más circulación de la información científica y médica". Políticos, científicos y periodistas tenemos una gran responsabilidad de que sea así y se haga correctamente. Empezando, naturalmente, por toda una ministra de Sanidad.

Vladimir de Semir es director del Observatorio de la Comunicación Científica y Médica (Universidad Pompeu Fabra) y concejal de Ciudad del Conocimiento de Barcelona

Este artículo ha sido publicado en El médico (edición del 16 de febrero de 2001).

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